Gobierno de Chile

Ahora que las unidades de Justicia Vecinal están prontas a celebrar su segundo aniversario, quisiera compartir algunas reflexiones sobre el aporte que estas han hecho para tener una justicia oportuna y de calidad.

Una de las principales tareas que nos encomendó el Presidente Sebastián Piñera fue la de ampliar el acceso a la justicia. Ello suponía derribar barreras de entrada, haciéndolo más democrático. En esta línea, nos dimos cuenta de que existía un vacío en materia de conflictividad vecinal. Aunque esta pudiese asociarse con asuntos de relevancia jurídica menor, la evidencia demuestra que ella impacta fuertemente en la calidad de vida de las personas.

Un estudio del año 2011 nos mostró que al menos un cuarto de los hogares de la Región Metropolitana había tenido un conflicto de este tipo en el último año. El 75% se mantenía vigente y su promedio de duración era superior a los seis años. La muestra señaló, además, que apenas el 25% de los afectados logró resolverlo. Es que los olores o ruidos molestos, el uso de espacios comunes, el no pago de deudas, los problemas ligados a la vida en copropiedad, la tenencia de mascotas, entre otros, pueden generar, a veces, daños y molestias de una dimensión insospechada en la vida cotidiana. Cuando no existe una respuesta cercana del Estado, las personas suelen resolver estos conflictos “a su manera”, llegando incluso a usar la violencia.

Al examinar las barreras de acceso a la justicia, verificamos que los costos, la distancia (formal y geográfica), el exceso de formalismo de los procedimientos y la falta de conocimiento de los derechos, entre otros factores, incidían en la decisión de no recurrir a la justicia. Se hacía indispensable que la información fuera entregada por medio de un sistema que procurara la educación y orientación sociojurídica. Optamos por innovar en el diseño de una política pública, donde la opinión de los usuarios y de los operadores fuera esencial. Al mismo tiempo, se identificaron las mejores estrategias y mecanismos para resolver los conflictos de este tipo.

Fue así como en mayo de 2011 inauguramos cuatro unidades de Justicia Vecinal en las comunas de Paine, Cerrillos, Macul y Renca, poniendo a disposición de los vecinos un servicio gratuito y de alto estándar profesional, que ofrece mecanismos para encontrar la solución de los conflictos a través de diversas vías, algunas de las cuales se desarrollan íntegramente por sus profesionales (mediación, conciliación y arbitraje). Otras, a través de la derivación a programas sociales o a los juzgados de Policía Local, labor que cuenta con el apoyo de la Corporación de Asistencia Judicial y que implica también un trabajo coordinado con las municipalidades y la red social local.

El equipo profesional no solo atiende a los usuarios, sino que también los acompaña hasta el cumplimiento de los acuerdos o fallos alcanzados. Actualmente, las unidades de Justicia Vecinal atienden 19 comunas de la Región Metropolitana, las que agrupan al 47% de los habitantes de la capital. Se han recibido más de 11 mil casos, de los cuales el 78% califica, y se escoge una vía de solución, alcanzando resultados positivos. De ellos, el 85% cumple los compromisos adquiridos, y su tiempo de resolución promedio es de 34 días.

Este modelo de trabajo ha contribuido concretamente a que las personas tengan una real oportunidad de encontrar solución a sus controversias y, por lo tanto, ejercer efectivamente el derecho de acceso a la justicia.

Las unidades de Justicia Vecinal han confirmado, con evidencia empírica, que es necesario intervenir en los conflictos vecinales y que la solución no es dar una respuesta estándar, sino desarrollar mecanismos alternativos e innovadores, que incorporen un análisis del conflicto en particular. De esta manera, se está consolidando un modelo que ofrece una respuesta integral a los problemas comunitarios, contribuyendo a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas.

Columna publicada en El Mercurio