Gobierno de Chile

No debe pasar desapercibido. Mucho menos en tiempos en que el mundo es nuevamente testigo de enfrentamientos bélicos o amenazas de ataques que resquebrajan severamente la tranquilidad de las naciones y su población. Hace pocos días, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

La aprobación muy mayoritaria de este texto, que contó con 154 preferencias favorables, en las cuales se incluye a nuestro país, constituye un hito histórico en el dificultoso camino por establecer normas estrictas y los más altos estándares en el comercio internacional de armas, y combatir su tráfico ilícito o desvío.

La idea que subyace a dichos propósitos es contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad de las naciones y profundizar la cooperación entre Estados, en el entendido básico que con ello se reduce el ámbito del sufrimiento humano. El tratado prohíbe el comercio de armas en contravención a decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad, particularmente a países afectados por embargos internacionales o cuando las mismas pudieren emplearse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, ataques a civiles u otros crímenes de guerra internacionalmente normados. Adicionalmente, se establece que aun cuando no exista una prohibición expresa en el texto del tratado, igualmente el país vendedor deberá realizar un análisis para comprobar que las armas comprendidas en la venta no contribuyan a menoscabar la paz o pudieran emplearse para infringir el derecho humanitario internacional, violar los derechos humanos, facilitar el terrorismo o la delincuencia organizada transnacional.

El tratado también contempla normas para que los estados vendedores queden legalmente obligados a registrar los aspectos esenciales sobre cada venta de armas, fomenta la cooperación internacional y establece una secretaría permanente para contribuir a su eficacia. Se trata, a fin de cuentas, de normas que suponen un paso gigantesco en el permanente desafío por construir un mundo más seguro y civilizado y que, sin duda, robustecen el prestigio de organismos internacionales, en este caso la ONU, cuyo funcionamiento muchas veces es cuestionado, afianzándola como una instancia necesaria para acometer desafíos complejos y globales.

El tratado no fue apoyado por estados de nuestro hemisferio como Bolivia, Ecuador, Cuba o Venezuela, y fue derechamente rechazado sólo por tres países: Irán, Siria y Corea del Norte. Estos países, que constituyeron una minoría, tendrán la oportunidad de revisar su posición desde que esa adversa postura inicial no es impedimento para que lo aprueben internamente y se sumen al mínimo 50 países, cuya ratificación es necesaria para su entrada en vigencia. El texto estará oficialmente a disposición de los países a partir de junio para su aprobación doméstica. El gobierno del Presidente Piñera se encuentra comprometido con el mismo y como gobierno lo presentaremos al Congreso Nacional a la mayor brevedad posible para su ratificación. Encontrarnos entre los primeros países del mundo que den luz verde a este texto será una señal permanente que muchos sabrán apreciar y que permitirá seguir colocando a Chile en el seno de las democracias más prestigiadas y comprometidas con la paz mundial y los DD.HH.

Columna publicada en La Tercera